Sindicatos defienden decreto del salario mínimo 2026 y anuncian marchas en todo el país

El Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, junto con las confederaciones de pensionados CDP y CPC, salió en defensa del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 %, expedido por el presidente Gustavo Petro.

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Las organizaciones sindicales rechazaron de manera categórica los intentos de sectores empresariales y políticos que buscan tumbar la medida, al considerar que no responden a argumentos técnicos ni jurídicos, sino a intereses de carácter político y económico.

“La ofensiva contra el aumento del salario mínimo no obedece a razones legales ni económicas, sino a una disputa política y de clase que pretende frenar un avance histórico en favor del ingreso real de la clase trabajadora”, afirmó Fabio Arias, presidente de la CUT.

En ese sentido, el Comando aseguró que el decreto es plenamente legal y constitucional, ya que la normativa vigente faculta al Gobierno Nacional para fijar el salario mínimo cuando no se alcanza un acuerdo en la Comisión Nacional de Concertación.

Las centrales recordaron que la decisión se sustenta en el artículo 53 de la Constitución Política, que consagra el derecho a un salario mínimo vital y móvil, un principio que —según indicaron— fue relegado durante décadas por administraciones alineadas con las élites económicas. Además, señalaron que la medida está respaldada por estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales resaltan la importancia de salarios dignos para garantizar condiciones de vida justas.

Los sindicatos también desmintieron lo que calificaron como una “narrativa del miedo” promovida por algunos gremios empresariales, al advertir que, desde 2022, el salario mínimo ha crecido por encima de la inflación, mientras que indicadores como el desempleo, la pobreza y la informalidad han mostrado una tendencia a la baja.

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De acuerdo con Arias, la generación de empleo se ha fortalecido en sectores como el comercio, el turismo, las actividades administrativas y el sector agrario. Asimismo, el Comando aseguró que no existe evidencia sólida que demuestre que los incrementos del salario mínimo destruyan empleo o disparen la inflación. Por el contrario, sostuvieron que estos aumentos fortalecen el mercado interno y dinamizan la economía.

Las organizaciones atribuyeron el comportamiento inflacionario principalmente a decisiones empresariales, al aumento de los costos de producción y a factores como los combustibles, la intermediación financiera y las rentas monopólicas.

Destacaron además que, de forma paralela al decreto del salario mínimo, el Gobierno expidió actos administrativos para desindexar múltiples bienes y servicios del aumento salarial, entre ellos copagos, cuotas moderadoras, multas, comparendos y arriendos, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

También cuestionaron las altas tasas de interés del Banco de la República, a las que señalaron como un factor determinante en el encarecimiento de la economía, y recalcaron que los costos laborales no representan el principal componente de los costos de producción.

Uno de los puntos más resaltados fue el impacto económico directo del aumento decretado. Según el Comando, la diferencia frente a la propuesta empresarial del 7 % es de $223.737 mensuales, lo que equivale a $2.684.844 adicionales al año por trabajador.

“Para las familias populares, esta suma significa comida, transporte y condiciones de vida digna; para las élites económicas, es apenas una fracción mínima de sus márgenes de ganancia”, señalaron.

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Las centrales sindicales también rechazaron los recientes incrementos en las tarifas del transporte público en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, los cuales —según denunciaron— superan la inflación y trasladan de manera injustificada el alza salarial al bolsillo de los usuarios.

Finalmente, el Comando Nacional Unitario reiteró que el salario mínimo no debe verse como un costo, sino como una herramienta de justicia social y reactivación económica. En ese contexto, convocaron a una movilización nacional para el miércoles 28 de enero de 2026, a partir de las 10:00 a. m., con concentraciones frente a los Palacios de Justicia en todo el país.

“Defender el decreto del salario mínimo es defender la Constitución, la democracia social y el derecho del pueblo trabajador a vivir con dignidad”, concluyó Fabio Arias.