Reducción en el valor de la gasolina en Colombia para 2026 genera inconformidad en Cúcuta
La reducción de gasolina en Colombia para 2026 no ha logrado frenar el contrabando ni mejorar las ventas en Cúcuta, según las estaciones de servicio.

La reducción de gasolina en Colombia para 2026 es considerada insuficiente por las estaciones.
Colprensa/Leonardo Castro
La reducción de gasolina en Colombia para 2026 comenzó a aplicarse desde el 1º de febrero con un ajuste de 500 pesos por galón, una cifra que, para los distribuidores en zonas de frontera, está lejos de representar un alivio real. En regiones como Norte de Santander, donde el combustible ilegal ha ganado terreno, el sector considera que el recorte no corrige los efectos acumulados de los altos precios que se mantuvieron durante 2025.
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Así lo expresó María Eugenia Martínez, representante de las estaciones de servicio en ese departamento, quien en diálogo con La FM advirtió que el impacto económico para los negocios formales sigue siendo crítico. A su juicio, la reducción anunciada no responde a la realidad del mercado ni al deterioro que han sufrido las ventas por cuenta del contrabando.
¿Por qué la reducción de gasolina en Colombia para 2026 no cumple las expectativas?
Según Martínez, el ajuste de 500 pesos es marginal frente a lo que esperaban los empresarios del sector. Desde su perspectiva, la disminución necesaria debería estar más cerca de los 3.000 pesos por galón para que tenga un impacto real sobre el consumo legal y la competitividad de las estaciones.
Durante 2025, explicó, el precio elevado del combustible incentivó la venta ilegal en calles y barrios de Cúcuta y su área metropolitana. Hoy, la gasolina se consigue en pimpinas por valores que oscilan entre 12.000 y 13.000 pesos, una diferencia que termina desplazando al comercio formal. Como consecuencia, las ventas de las estaciones han caído en más de un 30 %, una reducción que pone en riesgo su estabilidad financiera.
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¿Cuáles son los precios oficiales de la gasolina tras el ajuste del Ministerio de Minas?
La resolución del Ministerio de Minas y Energía estableció que Pasto será la ciudad con el precio más bajo de gasolina corriente desde este 1º de febrero, al pasar de 14.247 a 13.747 pesos por galón. En el caso de Cúcuta, el valor fijado es de 13.900 pesos, lo que la ubica como la segunda ciudad con el combustible más barato del país.
No obstante, Martínez aclaró que en la zona de frontera el precio subsidiado se ubicaba alrededor de 14.600 pesos. Con la rebaja de 500 pesos, quedaría en 14.100, una cifra que, según ella, no siempre coincide con lo que anuncia el Gobierno. Factores como el transporte, los fletes y otros costos logísticos hacen que el valor final pueda variar según la región.
¿Cuál es el impacto económico en estaciones y recaudo local?
Más allá del precio al consumidor, la reducción de gasolina en Colombia para 2026 también tiene efectos sobre el recaudo por sobretasa, una fuente clave de ingresos para los municipios. En Cúcuta, por ejemplo, ese rubro estaba alrededor de 22.000 millones de pesos mensuales a comienzos de 2025. Hoy, de acuerdo con estimaciones del gremio, se ha reducido a cerca de 15.000 millones.
La caída se explica, en buena medida, por la pérdida de ventas legales frente al mercado ilegal. Una estación de servicio con un cupo de 200.000 galones, indicó Martínez, apenas logra comercializar unos 120.000 a precio subsidiado, porque muchos consumidores prefieren comprar gasolina más barata en la calle.
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¿Qué espera el sector en los próximos meses?
Para la representante de las estaciones, la disminución actual no significa que el Estado esté “regalando” combustible. Recordó que la deuda del Fondo de Estabilización de Precios ya fue cubierta y que, en ese contexto, lo lógico sería avanzar hacia recortes más significativos.
Su propuesta es que el Gobierno aplique reducciones mensuales que, al cierre del año, permitan una baja acumulada superior a los 3.000 pesos por galón. De esa manera, se podría recuperar parte del mercado legal, frenar el contrabando y estabilizar tanto a las empresas como al recaudo fiscal en las regiones de frontera.
Mientras tanto, el sector insiste en que las autoridades deben reforzar los controles para evitar que la venta ilegal siga erosionando un negocio que, además de generar empleo, aporta recursos esenciales a los municipios.













