Desmantelan red de tráfico de clorato oculto en abonos enviados desde Ecuador a Colombia

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió desmantelar una red dedicada al tráfico de clorato de potasio desde Ecuador hacia Colombia. Este químico, utilizado como insumo en la fabricación de explosivos, ingresaba al país de forma irregular y era distribuido a diversas regiones mediante rutas diseñadas para evadir controles oficiales.

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El tráfico de la sustancia se habría desarrollado entre 2024 y 2025, según los hallazgos de las autoridades. Durante este periodo, el clorato cruzó la frontera y se movilizó a través de distintas rutas internas, mientras los investigadores identificaban los métodos empleados para su ingreso y distribución dentro del territorio colombiano.

¿Cómo se ocultaba el clorato de potasio en abonos?

Uno de los mecanismos principales de esta red consistía en camuflar el clorato de potasio en cargamentos de abono agrícola, transportados en camiones que recorrían diferentes carreteras del país. Al mezclarse con productos de uso común en la agricultura, el químico pasaba desapercibido durante el traslado.

Además, la red aprovechaba el sistema de envíos y encomiendas para distribuir la sustancia. Utilizando la infraestructura de empresas transportadoras, despachaban paquetes a distintos destinos, asegurando la continuidad logística del tráfico y dificultando su detección por las autoridades.

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¿Cómo fue la judicialización de los presuntos responsables?

Como resultado de la investigación, tres personas fueron judicializadas por su presunta participación en la red: Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak Vásquez. Según la Fiscalía, Prado Rosero y Marcial Maya habrían facilitado el ingreso irregular del clorato y su posterior distribución en el país.

Por su parte, Usamak Vásquez, empleado de una empresa de envíos, habría coordinado al menos 20 despachos del material químico, contribuyendo a que la red mantuviera activa su operación.

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Cargos y medidas judiciales

La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos. Durante las audiencias preliminares, los señalados no aceptaron los cargos y se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

La Fiscalía también informó que, en el marco de esta investigación, se han judicializado 29 personas vinculadas a la red y se han incautado más de siete toneladas de material explosivo. Estas acciones forman parte de los esfuerzos de las autoridades para desarticular estructuras dedicadas al tráfico de sustancias para la fabricación de explosivos.