Nueva ley obliga a suspender reportes en centrales de riesgo por suplantación: ¿Cómo funciona?

La suplantación de identidad se convirtió en una de las mayores preocupaciones para miles de colombianos que descubren créditos, líneas móviles o compras hechas a su nombre sin autorización previa. 

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Frente a este panorama, entró en vigencia la Ley 2573 de 2026, una norma que obliga a las entidades financieras, operadores móviles y establecimientos comerciales suspender cobros y reportes negativos en centrales de riesgo mientras se investiga el posible fraude.

¿Qué cambia con la nueva ley para quienes sean víctimas de suplantación?

Con la nueva normativa, una persona que denuncie haber sido víctima de falsedad personal podrá solicitar la suspensión inmediata de cuotas, intereses y gastos de cobranza relacionados con la obligación cuestionada. 

Esto significa que las entidades financieras y operadores de telecomunicaciones deberán detener cualquier proceso de cobro mientras verifican el caso. Así mismo, la ley también ordena frenar temporalmente los reportes negativos ante centrales de riesgo como Datacrédito o Cifin. Durante la investigación, la información del ciudadano deberá quedar marcada como posible caso de suplantación, sin afectar su historial financiero ni su puntaje crediticio.

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¿Cómo pueden las victimas de suplantación acceder a esta protección?

La norma establece que la persona afectada deberá informar el caso y aportar soportes que permitan demostrar el posible fraude, entre ellos obligatoriamente la denuncia ante la Fiscalía General. Una vez notificada la situación, las empresas tendrán que entregar una copia de los documentos usados para adquirir el producto o servicio que se encuentra investigado.

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¿Qué pasará con los productos financieros adquiridos si se comprueba que hubo fraude o robo de identidad en el proceso?

Gracias a esta nueva ley, si las investigaciones concluyen que existió suplantación, la víctima quedará libre de la deuda y las entidades tendrán que eliminar cualquier reporte negativo relacionado con esa obligación. 

Por esta razón, la ley también obliga a reforzar los mecanismos de validación y seguridad digital para prevenir nuevos casos de fraude financiero y comercial en el país.