Investigan posible uso de vehículo oficial para propaganda electoral en Itagüí

A tan solo un mes de las elecciones, la administración municipal de Itagüí se enfrenta a una nueva controversia luego de una denuncia por el uso presunto de bienes públicos con fines electorales. La denuncia fue presentada por la Veeduría Ciudadana del Área Metropolitana (AMVA), que alertó sobre un incidente ocurrido en el sector del Parque Obrero–Brasil.

Denuncian uso indebido de vehículo oficial en Itagüí

De acuerdo con la denuncia de la veeduría, el hecho fue registrado en un video que circuló rápidamente en redes sociales. En el material audiovisual, se observa a un ciudadano que intercepta una camioneta adscrita a la Secretaría de Movilidad. El ciudadano acusa a los ocupantes del vehículo de estar transportando pendones de propaganda electoral, aunque en el video no se muestra claramente el contenido de la carga. Los funcionarios, que se encontraban vestidos de civil, abandonaron rápidamente el lugar sin ofrecer una respuesta clara a la acusación.

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Respuesta de la administración de Itagüí

Frente a estos señalamientos, la Alcaldía de Itagüí emitió una declaración en la que desmintió las acusaciones de la veeduría. Según la administración, el vehículo en cuestión estaba siendo utilizado por funcionarios legítimos de la Secretaría de Movilidad, entre los que se encontraban un inspector de tránsito y un conductor. La Alcaldía también aclaró que los pendones transportados no correspondían a propaganda electoral, sino a material didáctico relacionado con las campañas de seguridad vial del municipio.

Sin embargo, ante la gravedad de los señalamientos, la administración confirmó que el caso fue remitido a la Oficina de Control Interno Disciplinario para iniciar una investigación formal.

Controversias pasadas y sanciones por el uso indebido de bienes públicos

Este nuevo episodio revive una polémica similar que tuvo lugar en marzo de 2022, cuando un exsecretario de gobierno de Itagüí fue grabado presuntamente distribuyendo material publicitario de candidatos políticos cercanos a su sector. En esa ocasión, también se cuestionó el uso de recursos públicos para fines proselitistas.

Es importante señalar que el uso de bienes del Estado con fines electorales está penalizado por la ley. El artículo 398 del Código Penal establece que los servidores públicos que incurran en estos actos pueden enfrentar sanciones severas, que incluyen penas de prisión, multas y la inhabilidad para ocupar cargos públicos en el futuro.

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Investigación en curso

La situación en Itagüí sigue bajo investigación, y las autoridades locales han reiterado que están comprometidas con esclarecer los hechos y tomar las acciones necesarias en caso de confirmarse el uso indebido de los recursos públicos. Mientras tanto, la comunidad y los partidos políticos están atentos al avance de la investigación, que podría traer consecuencias importantes para los responsables.