Empresas colombianas enfrentarán un 2026 con mayor presión financiera

La rebaja de la calificación soberana de Colombia y la suspensión de medidas fiscales de emergencia proyectan un 2026 complejo para las empresas del país.

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Fitch alerta sobre 2026 complejo para compañías.

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Las compañías colombianas inician 2026 en un entorno más exigente en términos fiscales y financieros, marcado por tasas de interés altas, inflación persistente y un acceso más restringido al financiamiento internacional, según un análisis reciente de Fitch Ratings.

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La agencia advierte que durante los próximos 12 a 18 meses el sector corporativo colombiano enfrentará presiones sobre los márgenes y los flujos de caja, debido a la combinación de elevados costos financieros, cargas tributarias más fuertes y restricciones en el crédito externo.

Rebaja de la calificación soberana y efecto dominó

Fitch identifica como punto de partida la rebaja de la calificación soberana de Colombia en diciembre de 2025, relacionada con el deterioro de las cuentas fiscales y el aumento de la deuda pública. Esta medida ya se reflejó en seis reducciones de calificación corporativa, elevando el costo del financiamiento y disminuyendo la previsibilidad sobre la generación de caja, especialmente en empresas con alto nivel de endeudamiento o problemas de liquidez.

La calificadora señala que el entorno monetario ofrece pocas opciones de alivio: la inflación y los retos fiscales limitan la flexibilización de la política monetaria, lo que mantiene elevados los gastos financieros y debilita la cobertura de los flujos de caja. En este contexto, la presión sobre las empresas se prolonga, reduciendo su capacidad de absorber choques adicionales.

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Incertidumbre política y regulatoria

La agencia también destaca que la incertidumbre política y regulatoria amplifica los riesgos para las compañías, particularmente ante las elecciones legislativas de marzo y presidenciales de mayo de 2026. 

Fitch señala que la decisión de la Corte Constitucional del 29 de enero de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica de diciembre de 2025 aumentó la incertidumbre sobre las medidas de recaudación fiscal a corto plazo.

Ese decreto había permitido implementar impuestos adicionales sobre patrimonio, transacciones financieras, exportaciones de petróleo y carbón, así como cargas a generadores de energía. Su suspensión genera, según Fitch, el riesgo de cambios abruptos en la política económica, afectando la confianza empresarial y aumentando la volatilidad.

Sectores más afectados y presión laboral

No todos los sectores enfrentan el mismo riesgo. Las empresas de servicios públicos de energía son particularmente vulnerables, debido a intervenciones que priorizan el control de precios de corto plazo sobre la previsibilidad financiera. Esto genera tensiones de liquidez para generadoras y distribuidoras y podría afectar la inversión futura.

El reciente aumento del salario mínimo añade otra presión, al elevar los costos laborales en sectores intensivos en mano de obra y limitar la capacidad de trasladar estos incrementos a los precios, lo que puede reducir los márgenes empresariales y alimentar la inflación.

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Financiamiento y liquidez empresarial

En el frente financiero, una prima de riesgo soberano más alta ha restringido el acceso a los mercados internacionales. El mercado local de bonos mantiene una actividad moderada y Fitch proyecta que el apalancamiento bruto mediano subirá levemente de 2,4 veces en 2025 a 2,5 veces en 2026.

Ante estas condiciones, las empresas han recurrido principalmente a créditos bancarios de corto y mediano plazo. Aunque existen factores mitigantes, como un apalancamiento agregado conservador y perfiles de vencimiento manejables, la agencia prevé que la presión crediticia se mantendrá en un contexto de elevada incertidumbre.

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