Elecciones presidenciales en Colombia: ¿Qué pasa si se suplanta la identidad al votar?

Las elecciones presidenciales en Colombia vuelven a poner sobre la mesa la importancia de proteger la transparencia del proceso electoral. En medio de esta jornada democrática del próximo 31 de mayo, las autoridades han reiterado que cualquier intento de votar usando la identidad de otra persona constituye un delito que puede derivar en graves sanciones judiciales.

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De acuerdo con información del Ministerio de Justicia, el llamado “voto fraudulento” ocurre cuando una persona suplanta a un ciudadano habilitado para votar, pues esta conducta hace parte de los delitos contra los mecanismos de participación democrática contemplados en la legislación colombiana.

¿Qué se considera suplantación de identidad al momento de votar?

Las autoridades electorales explican que la suplantación ocurre cuando alguien intenta hacerse pasar por otro ciudadano para depositar un voto. Esto puede suceder utilizando documentos ajenos, información falsa o aprovechando irregularidades durante el control de identidad en los puestos de votación.

La Registraduría y los jurados electorales cumplen un papel clave durante la jornada, ya que deben verificar la identidad de cada sufragante antes de entregar el tarjetón. 

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¿Cuáles son las sanciones que podría enfrentar una persona que cometa este delito?

El Ministerio de Justicia advierte que el voto fraudulento puede generar investigaciones penales y sanciones contempladas en el Código Penal colombiano.

Las autoridades recuerdan que no solo es ilegal votar usando otra identidad, sino también hacerlo más de una vez o participar sin estar autorizado en el censo electoral, pues quien cometa este delito incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

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¿Qué deben hacer los ciudadanos si detectan un posible fraude electoral el día de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026?

Las autoridades recomiendan informar de inmediato cualquier irregularidad a los jurados de votación, la Registraduría o los organismos de control presentes en los puestos electorales. También se pueden presentar denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, La Policía Nacional y en la URI.