¿Construir sin licencia en Colombia? Estas son las sanciones que podría enfrentar
Las construcciones sin este documento pueden derivar en sanciones económicas y medidas legales que afectan el patrimonio del propietario.
Las consecuencias más allá de una medida económica puede llegar a impactar directamente la propiedad y la inversión.
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En Colombia, levantar una obra sin los permisos correspondientes no es un simple descuido: es una infracción urbanística que puede salir muy costosa.
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Por ello, la normativa que regula este sector exige contar con una licencia antes de construir, remodelar o ampliar cualquier edificación en el territorio nacional, y su incumplimiento puede acarrear graves sanciones pecuniarias que pueden afectar seriamente el bolsillo y el patrimonio del quien incumpla esto.
¿Qué multas económicas pueden recibir los colombianos por construir sin una respectiva licencia?
El Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, señala que para realizar diferentes procedimientos en cuanto a remodelaciones y nuevas estructuras es necesario contar con este permiso previo notificado a la autoridades de cada región.
De no realizarse de esta forma, una de las sanciones más comunes que puede acarrear el infractor son las multas económicas, cuyo valor depende del estrato socioeconómico del inmueble, pues estas pueden oscilar entre los 5 y 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes e incluso puede llegar a alcanzar montos mucho mayores dependiendo del tamaño de la obra.
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¿Pueden las autoridades ordenar la suspensión o demolición de la obra?
Sí, las autoridades tienen la facultad de suspender inmediatamente la construcción cuando detectan que no cuenta con este importante documento, incluso, si la obra no cumple con las normas urbanas establecidas por la ley NO puede legalizarse y por este motivo, pueden ordenar su demolición total o parcial.
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¿Qué otras consecuencias legales o patrimoniales existen?
Más allá de las multas y la demolición, las consecuencias de este caso, pueden elevar su impacto jurídico, por ejemplo, puede llegar a impactar en la suspensión de los servicios públicos del inmueble intervenido y abrir procesos administrativos en contra del propietario. Incluso, si la persona no paga las sanciones impuestas, podría enfrentar embargos y llegar a perder el inmueble como forma de garantizar el pago de la deuda.
También, las autoridades cuentan con un plazo de hasta tres años para imponer sanciones desde la finalización de la obra ilegal , lo que significa que el riesgo no desaparece con el tiempo inmediato.
