Autoridades refuerzan la protección de menores en Medellín

Las autoridades colombianas presentaron un balance reciente sobre las acciones de prevención, control migratorio e investigación judicial frente a conductas que afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Los resultados, obtenidos mediante cooperación internacional y uso de tecnología especializada, reflejan avances en la detección temprana, la protección de víctimas y la judicialización de responsables.

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¿Cómo se ha fortalecido el control migratorio frente a personas con antecedentes?

La Unidad de Protección de la Policía Nacional informó que, en el último año y medio, se han inadmitido 153 ciudadanos extranjeros con antecedentes o alertas internacionales relacionadas con delitos sexuales contra menores. Este proceso ha sido posible gracias al apoyo tecnológico de la herramienta Angel Watch, un sistema diseñado para el seguimiento transnacional de personas previamente judicializadas en otros países, lo que permite anticipar riesgos y reforzar los filtros de ingreso al país.

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¿Qué resultados ha dejado el trabajo de investigación en Medellín y el Valle de Aburrá?

De acuerdo con el balance oficial, en Medellín y el Valle de Aburrá se ha logrado la judicialización de 57 personas vinculadas a estas redes, así como la identificación de 73 víctimas, quienes han recibido acompañamiento institucional y atención especializada. 

El comandante de la Unidad de Protección, general Óscar Mauricio Rico Guzmán, destacó que el enfoque ha sido priorizar la protección integral, la recolección rigurosa de pruebas y la articulación con entidades nacionales e internacionales.

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¿Qué acciones patrimoniales y judiciales se han adoptado contra estas estructuras?

Como parte de la estrategia para debilitar estas organizaciones, las autoridades han iniciado procesos de extinción de dominio sobre al menos diez bienes inmuebles, avaluados en cerca de 10.000 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados para facilitar actividades ilegales.

A esto se suman decisiones judiciales en casos de alto impacto, como el del ciudadano estadounidense Manuel Poceiro, de 66 años, condenado a cadena perpetua por delitos relacionados con coerción, inducción y producción de material ilegal con menores, así como el caso de Stefan Andrés Correa, sentenciado en Estados Unidos por liderar una red sistemática de explotación, tras comprobarse múltiples viajes a Colombia con fines ilícitos.

Las investigaciones que sustentan estas decisiones fueron desarrolladas por el Grupo Transnacional de Investigaciones de Seguridad Nacional (TCIU – SIJIN DIPRO), la Fiscalía General de la Nación, la agencia HSI y la Alcaldía de Medellín, en el marco de la estrategia Operación Cazador, orientada a la cooperación internacional y protección de derechos fundamentales.