Autoridades alertan instrumentalización de menores durante protestas en Bogotá

El barrio Samper Mendoza, ubicado en el centro de Bogotá, atraviesa una de las coyunturas de seguridad más delicadas del año. Lo que inició como una ofensiva institucional para contener el accionar de bandas criminales ha derivado en un escenario de tensión social, marcado por protestas y una creciente preocupación de las autoridades por la posible instrumentalización de menores frente a controles policiales.

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Desde la administración distrital y los organismos de seguridad se advierte que los operativos desplegados en la zona, lejos de ser arbitrarios, responden a una amenaza concreta contra la vida y la tranquilidad de quienes habitan el sector. Sin embargo, en los últimos días, las alertas se han encendido por un nuevo factor: el riesgo de que niños y adolescentes sean expuestos de forma deliberada a escenarios de confrontación.

¿Cuál fue le tipo de violencia criminal que activó los controles en el sector?

El actual despliegue de la Fuerza Pública tiene su origen en un hecho ocurrido el pasado 22 de enero, cuando una granada fue detonada en medio de una disputa entre estructuras criminales que buscan controlar economías ilegales en el sector. La explosión, que puso en riesgo directo a residentes y transeúntes, marcó un punto de quiebre en la intervención del Estado.

Tras ese episodio, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor implementaron dispositivos permanentes de patrullaje, registros y verificación, con el objetivo de identificar a los responsables del ataque, ejecutar capturas clave y reducir la capacidad operativa de los grupos armados urbanos que operan en la zona.

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Protestas en medio de la presencia policial

Con el avance de estos controles, comenzaron a presentarse movilizaciones que reclaman la salida de la Policía y el levantamiento de los puntos de control. Aunque la protesta social es un derecho reconocido, las autoridades expresaron dudas sobre el origen de estas manifestaciones.

De acuerdo con información de seguridad, existe la sospecha de que estructuras criminales estarían promoviendo o aprovechando estas movilizaciones para debilitar la presencia institucional y recuperar el control del territorio. Este escenario ha elevado la complejidad del operativo, pues combina riesgos de orden público con presiones sociales en un entorno altamente vulnerable.

Instrumentalización de menores frente a controles policiales

La mayor preocupación surgió tras reportes de inteligencia que advierten sobre un posible plan para colocar a niños y adolescentes en la primera línea de las protestas. La estrategia, según las autoridades, buscaría frenar la acción policial mediante la instrumentalización de menores frente a controles policiales, utilizando su condición de especial protección como mecanismo de presión.

Ante esta alerta, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia solicitó la intervención inmediata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de desplegar equipos de Defensoría de Familia de manera permanente en Samper Mendoza.

El propósito es claro: evitar que la niñez sea expuesta a situaciones de riesgo y actuar de forma inmediata si se detecta que alguno de sus derechos está siendo vulnerado.

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Protección de la infancia y continuidad de los operativos

El Distrito ha sido enfático en que los controles de seguridad no se suspenderán. La prioridad, aseguran las autoridades, es garantizar tanto la integridad de los habitantes del barrio como la protección de los niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en medio de esta coyuntura.

La presencia del ICBF permitirá evaluar cada situación de manera individual y activar procesos de restablecimiento de derechos cuando sea necesario. Al mismo tiempo, la administración distrital reiteró que no permitirá que organizaciones criminales utilicen a la población infantil como un recurso para debilitar la acción del Estado.

Mientras tanto, Samper Mendoza continúa bajo vigilancia reforzada, en un intento por contener la violencia, desmontar las redes ilegales que operan en la zona y evitar que la crisis de seguridad se profundice aún más a costa de los más vulnerables.