Gobierno elimina prima especial de servicios a congresistas

El Gobierno Nacional anunció la eliminación de la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República, una medida que hace parte de la política de reorientación del gasto público y busca reducir la carga fiscal del Estado.

La decisión quedó establecida en el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, con el cual se deroga la norma vigente desde 2013 que permitía este reconocimiento económico adicional a senadores y representantes a la Cámara.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la medida entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026, coincidiendo con la instalación de la nueva legislatura. La eliminación de la prima aplicará únicamente para los congresistas que sean elegidos en los próximos periodos y no afectará a quienes actualmente ejercen su cargo.

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Sustento legal y garantías

La cartera de Hacienda explicó que la decisión se fundamenta en el artículo 132 de la Constitución Política y en la actual situación económica del país. Además, recalcó que la medida se adoptó bajo dos principios: el respeto a los derechos adquiridos y la garantía de no desmejorar las condiciones laborales de otros servidores públicos.

“No se afectarán los derechos de los actuales congresistas ni las prestaciones de otros funcionarios del Estado”, señaló el Gobierno en un comunicado oficial, al advertir que se tomarán las medidas necesarias en caso de interpretaciones que generen afectaciones.

Impacto en la asignación salarial

Con la derogatoria del Decreto 2170 de 2013, el Ejecutivo elimina uno de los componentes que incrementaba la remuneración mensual de los congresistas, reduciendo así su asignación salarial total.

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La medida responde a una de las demandas más reiteradas por la ciudadanía y busca enviar un mensaje de austeridad en medio de los ajustes fiscales que enfrenta el país.

Desde el Gobierno se insistió en que esta reforma administrativa contribuirá a aliviar las finanzas públicas y a fortalecer la confianza en la gestión responsable de los recursos del Estado.