Gobernadores y Hacienda debatirán impuestos al licor y tabaco

La negativa de varios gobernadores a aplicar el decreto de emergencia económica que crea nuevos impuestos al tabaco y a los licores llegará este lunes 19 de enero a una reunión clave en el Ministerio de Hacienda, en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno nacional y las regiones.

La cartera económica convocó el encuentro luego de que varios mandatarios departamentales anunciaran que no acatarán el decreto, una norma con fuerza de ley mediante la cual el Gobierno busca aumentar el recaudo para cubrir el déficit fiscal.

“Hemos extendido invitación a las y los gobernadores a una mesa de trabajo el lunes 19 de enero, a las 8:00 a. m., en la sala Antonio García Nossa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de aclarar las distintas inquietudes que sobre este tema se susciten”, anunció el Gobierno a través de un comunicado.

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Expectativa de los gobernadores

Desde La Guajira, el gobernador Jairo Aguilar anticipó un debate de fondo sobre el impacto fiscal, social y constitucional de la medida.

En entrevista con La FM, confirmó que llegará al encuentro con “preocupaciones enormes” frente al decreto, aunque valoró el espacio de diálogo convocado por el Ejecutivo.

“Nosotros manifestamos nuestro desacuerdo por este decreto, pero también agradecemos el espacio para conocer de primera mano las expectativas que tiene el Gobierno”, señaló el mandatario departamental.

Aguilar explicó que los impuestos al licor y al tabaco constituyen una fuente esencial de financiación para los departamentos, particularmente para La Guajira, que enfrenta limitaciones adicionales por la situación de las regalías.

“Los impuestos nos garantizan las atenciones en educación, en salud, en deporte y en la atención a población vulnerable”, afirmó, al advertir que estos recursos son fundamentales para sostener servicios básicos.

El mandatario fue enfático en que una eventual reasignación de ese recaudo al nivel central afectaría de manera directa a territorios con altas necesidades sociales.

“Que se trasladen estos recursos, ese recaudo, es una medida que consideramos errónea”, dijo, al tiempo que subrayó que La Guajira tiene cerca de 1,2 millones de habitantes, más de la mitad pertenecientes al pueblo indígena wayuu.

Aguilar también planteó reparos de orden constitucional frente al decreto expedido en el marco de la emergencia económica.

“Entendemos que es una urgencia fiscal por parte del Gobierno, pero no puede utilizarse como pretexto para romper el diseño constitucional, el sistema tributario descentralizado y mucho menos menoscabar nuestra autonomía”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que esperan un pronunciamiento de la Corte Constitucional, instancia que, según él, es la llamada a definir la legalidad de las medidas.

“La Corte Constitucional es la única competente para decidir si se aplican o no las medidas decretadas por el Gobierno Nacional”, reiteró.

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Respuesta al ministro Benedetti

Frente a las advertencias del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que los gobernadores podrían incurrir en prevaricato si no aplican el decreto, Aguilar respondió que los mandatarios regionales tienen el derecho y el deber de pronunciarse.

“Como gobernador de La Guajira tengo todo el derecho de manifestarme y de plantear los perjuicios que se generan”, sostuvo.

El gobernador insistió en que la postura de su departamento no es aislada y que la preocupación se extiende a varias regiones del país, razón por la cual se espera una amplia asistencia de gobernadores a la reunión con el ministro de Hacienda.

“Nosotros dependemos de estos recursos para financiar servicios esenciales. Mal se haría a un departamento que tanto le ha dado al país que ahora vengan y se le lleven estos recursos”, afirmó.

¿Pedirán modificar o derogar el decreto?

Sobre la posibilidad de solicitar la modificación o derogatoria del decreto, Aguilar aclaró que la posición final dependerá de lo que exponga el Gobierno Nacional en la mesa de diálogo.

“Queremos escuchar cuáles van a ser los planteamientos del Gobierno y, a partir de ahí, fijar nuestras posiciones”, indicó.

Finalmente, el gobernador advirtió que un aumento de los impuestos podría generar efectos no deseados, como el crecimiento del contrabando y del consumo de licores ilegales o artesanales.

“La gente no va a dejar de tomar; lo que va a pasar es que se va a disparar el contrabando”, alertó.