¿Cuáles son los nuevos cambios del Gobierno para los domiciliarios de apps en Colombia?

Los colombianos que se emplean como domiciliarios a través de las plataformas digitales están a punto de enfrentar uno de los cambios más importantes en su manera de emplearse en Colombia. 

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Con un nuevo decreto que se está preparando para poner en práctica lo establecido en la reforma laboral del 2025, el Gobierno busca regular una asignación laboral que durante años ha operado con vacíos legales. Pero, ¿qué significa esto realmente para quienes trabajan en plataformas tecnológicas móviles?

¿Qué cambiará en los pagos y la seguridad social de los domiciliarios?

Uno de los principales ajustes tiene que ver con la inclusión obligatoria en el sistema de seguridad social. Según lo que se conoce hasta ahora, los repartidores deberán cotizar salud, pensión y riesgos laborales mediante un esquema compartido con las plataformas digitales.

Esto implica que las empresas asumirían el 60% de los aportes, mientras que los trabajadores cubrirían el restante. Además, el ingreso base de cotización estará ligado a lo que realmente ganan en las aplicaciones, lo que de una u otra forma legaliza esta actividad que antes no garantizaba estas coberturas.

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¿Habrá cambios en el tipo de contrato o relación laboral con las aplicaciones móviles?

Otro punto clave de este próximo cambio es que se reconocerán diferentes formas de vinculación. Los domiciliarios podrán ser considerados trabajadores dependientes o independientes, dependiendo de cómo operen dentro de la plataforma.

En el caso de una relación subordinada, la empresa tendría mayores obligaciones laborales. Si se mantiene la independencia, el modelo conservaría cierta flexibilidad, pero con aportes obligatorios para las dos partes. 

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¿Cuál es la razón por la que el Gobierno se encuentra realizando estas regulaciones ahora?

El crecimiento exponencial de las plataformas de domicilios en Colombia dejó en evidencia la inexistencia de una normativa laboral clara para estos trabajadores. Por eso, con la próxima sanción de este decreto, el Gobierno pretende cerrar esos vacíos y garantizar condiciones mínimas y dignas laborales para miles de colombianos que se emplean de esta forma.

Además, esta iniciativa forma parte de una estrategia que busca reducir conflictos entre repartidores y plataformas, que en los últimos años han reclamado mejores tarifas y derechos a través de manifestaciones en las ciudades de mayor impacto de Colombia.