CCI alerta sobre impactos legales y económicos por posible terminación de Autopistas del Café

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expresó su preocupación frente a los posibles efectos institucionales, jurídicos y económicos derivados del anuncio del Gobierno nacional sobre una eventual terminación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Café. Para el gremio, este tipo de escenarios incrementa la incertidumbre en el sector y podría afectar la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas de contratación que rigen los proyectos de infraestructura en el país.

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¿Por qué genera preocupación una intervención anticipada del contrato?

Según la CCI, una intervención unilateral sobre un contrato vigente puede impactar la confianza en los procesos de contratación pública y modificar las condiciones bajo las cuales se estructuran los proyectos de infraestructura. El gremio recordó que los contratos de concesión son acuerdos jurídicamente vinculantes, no mecanismos discrecionales, por lo que deben mantenerse mientras estén vigentes y cumplan con lo establecido en las cláusulas pactadas. Desde esta perspectiva, cualquier modificación debería sustentarse en criterios técnicos y legales claros.

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¿Cuál es la situación actual del proyecto Autopistas del Café?

De acuerdo con la información suministrada por la CCI, Autopistas del Café corresponde a una concesión de primera generación, con vigencia hasta el año 2027, y registra un cumplimiento total de las obligaciones contractuales. El proyecto ha obtenido calificaciones técnicas superiores a las exigidas y no ha requerido recursos públicos adicionales. Además, se han desarrollado obras y diseños complementarios por cerca de 310.000 millones de pesos, en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura y las autoridades regionales, siguiendo los procedimientos previstos en el contrato.

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¿Qué implicaciones tendría una terminación anticipada?

Desde el ámbito jurídico y fiscal, la CCI advirtió que una eventual terminación sin una causal legal plenamente demostrada podría activar cláusulas de compensación a favor del concesionario, lo que implicaría costos para el Estado y efectos sobre la planeación presupuestal. Asimismo, el gremio señaló que decisiones de este tipo, si no cuentan con sustento técnico, jurídico y financiero, podrían dar lugar a procesos de control fiscal y disciplinario. En este sentido, insistió en que el respeto por los contratos constituye una garantía institucional fundamental para la inversión, la continuidad de los proyectos estratégicos y el desarrollo regional sostenible.