Alerta por la salud en 2026: exministros advierten riesgos para los pacientes

Un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social lanzó una nueva alerta sobre la situación del sistema de salud en Colombia, advirtiendo que el inicio de 2026 está marcado por un escenario crítico tanto en el plano financiero como operativo.

Según los exfuncionarios, el panorama actual es consecuencia de decisiones adoptadas por el Gobierno que han profundizado la desfinanciación estructural del sistema y aumentado los riesgos para pacientes y usuarios. Aseguran que estas medidas han incrementado la incertidumbre, las barreras de acceso a los servicios y el sufrimiento de miles de personas que dependen de la atención en salud.

A su juicio, el cierre de 2025 y el arranque de 2026 estuvieron atravesados por decisiones que calificaron como erráticas, tomadas sin atender las advertencias técnicas, institucionales y humanas formuladas de manera reiterada por distintos sectores.

Los exministros recordaron que desde 2022, y con mayor insistencia durante 2025, han venido alertando sobre el rumbo del sistema de salud. Aclararon que sus pronunciamientos no responden a posturas ideológicas, sino que coinciden con los llamados de la sociedad civil y de los principales órganos de control del Estado.

En ese sentido, citaron los autos emitidos por la Corte Constitucional en 2024 y 2025, en los que el alto tribunal advirtió que el sistema enfrenta un problema estructural de desfinanciación, directamente relacionado con el cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“El tribunal ha señalado el uso de información incompleta, la falta de aplicación de la metodología actuarial vigente y el incumplimiento de órdenes judiciales orientadas a garantizar la suficiencia financiera y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud”, explicó el exministro de Salud Augusto Galán.

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Alertas de los órganos de control

Las preocupaciones, afirmaron, también han sido respaldadas por otros entes de control. La Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre la fragilidad financiera del sistema y la falta de rigor técnico en las decisiones de política pública.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el deterioro en el acceso a los servicios, el aumento sostenido de quejas y tutelas, y la creciente angustia de pacientes y familias.

A ello se suman los hallazgos de la Contraloría General de la República, que concluyó que las ocho intervenciones administrativas realizadas hasta ahora no han corregido las causas estructurales de la crisis. Por el contrario, señaló que estas medidas han concentrado la deuda y el riesgo financiero, debilitando la capacidad operativa de las EPS e IPS y deteriorando el flujo de recursos del sistema.

Impacto del salario mínimo y déficit financiero

Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento está relacionado con el incremento del salario mínimo decretado para 2026. Aunque reconocen que la medida mejora el poder adquisitivo de cerca del 10 % de la población laboralmente activa, los exministros advirtieron que genera un impacto significativo sobre las finanzas públicas y el sistema de salud.

De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, este aumento podría incrementar el déficit fiscal en 5,3 billones de pesos durante 2026. En el sector salud, el sobrecosto estimado asciende a 4,5 billones de pesos, equivalente a cerca del 40 % de los recursos anunciados por el propio Gobierno para el aumento de la UPC.

Indicaron que este impacto no fue incorporado en los cálculos técnicos de necesidad de financiación realizados por expertos de la ANDI y ACEMI, quienes estimaban que para 2026 se requería un incremento de la UPC entre el 15 % y el 17 %.

En este contexto, señalaron que el aumento del 16 % para el régimen subsidiado resulta insuficiente y no compensa el choque de costos generado por el salario mínimo.

El pronunciamiento también alertó sobre la situación del régimen contributivo. El incremento anunciado del 9 %, aunque superior al ajuste de 2025 limitado al IPC, es considerado insuficiente frente a una necesidad de financiación cercana al 17 % para 2026, sin incluir el impacto del salario mínimo.

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Los exfuncionarios señalaron que el Gobierno cerró 2025 sin corregir los rezagos históricos de la UPC, incumpliendo nuevamente las órdenes de la Corte Constitucional, lo que mantiene uno de los núcleos centrales de la crisis estructural del sistema.

Asimismo, cuestionaron la evasión sistemática de la metodología actuarial y el traslado de responsabilidades técnicas a la ADRES, una entidad que, según indicaron, no fue diseñada ni fortalecida para asumir estas funciones, mientras se debilita la capacidad técnica del Ministerio de Salud.

Llamado a corregir el rumbo del sistema

Finalmente, los exministros y exviceministros subrayaron que su pronunciamiento no es una queja aislada, sino la expresión de un clamor generalizado de los agentes del sistema de salud, la sociedad civil y las principales instancias de control del país.

Advirtieron que el deterioro del sistema debe detenerse y que no pueden continuar decisiones de política pública que consideran equivocadas y contrarias a la dignidad de los pacientes.

Reiteraron su defensa del derecho fundamental a la salud, el respeto por la Constitución y el cumplimiento de la ley, y manifestaron su disposición a trabajar en consensos basados en evidencia que permitan superar la crisis y avanzar hacia un sistema de salud más sólido y equitativo para el país.