Residentes de conjuntos en Colombia no deberán cubrir seguro de vida de vigilantes: esto dice la ley

Con la Ley del Vigilante, los residentes de conjuntos reciben un alivio económico en medio de cuotas de administración que destinan entre el 60 % y 65 % a vigilancia y limpieza.

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¿Qué significa para tu bolsillo que la ley aclare pagos de seguridad en los conjuntos?

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En Colombia, la reciente interpretación de la Ley 1920 de 2018, conocida como 'la ley del vigilante', ha generado un alivio económico para los habitantes de conjuntos residenciales, quienes ahora no deberán asumir ciertos pagos adicionales por la seguridad de sus viviendas.

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La aclaración ha llegado en un contexto en el que las cuotas de administración han alcanzado niveles muy altos, en parte debido al aumento del salario mínimo y los costos asociados al personal de vigilancia.

¿Qué pagos dejan de ser obligación de los residentes?

La medida más relevante es la exoneración del pago directo del seguro de vida colectivo de los vigilantes, un beneficio que hasta ahora algunos administradores de conjuntos consideraban que debía recaer sobre los copropietarios. Según la interpretación actual de la Ley 1920 de 2018:

  • El seguro de vida colectivo es responsabilidad exclusiva de la empresa de vigilancia, no de los residentes ni de la administración del conjunto.
  • Este seguro protege a los familiares del vigilante en caso de fallecimiento o invalidez, garantizando la seguridad económica del trabajador y su familia.

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De esta manera, las familias que viven en propiedad horizontal no tendrán que asumir un cargo adicional “obligatorio”, más allá de la cuota de administración ya acordada. Si bien esto no reduce directamente el valor total de la cuota, sí elimina un gasto que hasta ahora se percibía como obligatorio por algunos administradores.

¿Significa esto que la vigilancia es gratuita?

No. Es importante aclarar que el pago por el servicio de vigilancia sigue vigente. La cuota de administración continúa cubriendo salarios, recargos por horas extras, dominicales y nocturnas, así como otros beneficios laborales del personal de seguridad.

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Según Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, entre el 60 % y 65 % de la cuota de administración de muchos conjuntos residenciales se destina a vigilancia y limpieza. Por ello, aunque los residentes quedan exentos de pagar directamente el seguro de vida de los vigilantes, el costo total de la seguridad sigue representando una carga significativa.

Lo que cambia con esta aclaración es exclusivamente la responsabilidad de ciertos beneficios legales, como el seguro de vida colectivo, que debe ser cubierto por las empresas contratistas y no trasladado a los residentes como un pago adicional obligatorio.

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¿Qué dice la Ley 1920 de 2018?

La Ley 1920 de 2018 forma parte del marco normativo colombiano sobre propiedad horizontal y seguridad privada. Entre otros aspectos, regula:

  • Condiciones laborales mínimas para los vigilantes, incluyendo horas máximas, recargos laborales y descansos.
  • Seguros de vida colectivos obligatorios, contratados por las empresas de vigilancia, no por los residentes.
  • Protección de derechos de los trabajadores, asegurando que beneficios como vacaciones, indemnizaciones y seguros no sean trasladados como cobros adicionales a los propietarios de los conjuntos residenciales.

Lo cierto es que, la ley protege tanto a los trabajadores como a los copropietarios, evitando que estos últimos asuman responsabilidades que no les corresponden legalmente.

Para los habitantes de conjuntos residenciales, esta ley representa un alivio económico simbólico pero importante. Aunque no reduce directamente las altas cuotas de administración, eliminar un cargo que algunos pensaban obligatorio ayuda a planificar mejor el presupuesto familiar.

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