Aumento del salario mínimo beneficiará a 7,5 millones de personas
El Ministro Antonio Sanguino defendió el salario vital, instando al Consejo de Estado a estudiar su articulación con la Constitución y la Ley 278 de 1996.
Debate por el salario vital en Colombia: impacto económico y social.
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Durante su visita a Barranquilla, el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció sobre el salario mínimo vital y destacó la importancia de que el Consejo de Estado evalúe con rigor los alcances legales del aumento, teniendo en cuenta la Ley 278 de 1996 y el artículo 53 de la Constitución, que establece el principio del salario vital y móvil.
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“El salario vital llegó para quedarse, no vamos a dar un paso atrás”, afirmó Sanguino, enfatizando que el análisis jurídico debe ir más allá de aspectos procedimentales y considerar el mandato constitucional de garantizar ingresos suficientes para los trabajadores y sus familias.
¿Se podría revertir el aumento?
Sobre la posibilidad de que la medida sea anulada por instancias judiciales, el ministro aseguró que es poco probable a corto plazo. Señaló que el incremento ya se configura como un derecho adquirido durante este año y que, según los análisis del Gobierno, no ha generado presiones inflacionarias significativas. Por el contrario, Sanguino señaló que podría convertirse en un factor de dinamización económica.
Impacto económico y social
Según el ministro, el aumento del salario mínimo tendría un efecto expansivo en la economía nacional, generando una demanda agregada estimada en 830.000 millones de pesos mensuales, equivalente a unos 10 billones al año.
El beneficio directo alcanzaría a 2,4 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo, pero los efectos indirectos podrían favorecer hasta 7,5 millones de personas, incluyendo a sus familias, trabajadores informales y sectores de la economía popular. Esto, según Sanguino, impulsaría el consumo y la dinámica económica local.
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Debate que continúa
El incremento del salario mínimo sigue generando debate entre empresarios, académicos y sindicatos. Mientras el Gobierno defiende la medida como un motor de crecimiento y empleo, algunos analistas advierten sobre posibles presiones en los costos laborales y la sostenibilidad de ciertos sectores productivos.
El concepto de salario vital, consagrado en la Constitución desde hace más de tres décadas, entra ahora en una fase de aplicación práctica con importantes implicaciones económicas, jurídicas y sociales, marcando uno de los puntos centrales de la agenda económica del Ejecutivo.
