¿En qué casos puede ser sancionado por tener cámaras de seguridad en su vivienda o negocio?
La Fiscalía recalcó que las cámaras de seguridad son una herramienta de protección que debe usarse bajo ciertas reglas para evitar problemas legales.

El uso indebido de las cámaras de seguridad puede traer consecuencias legales en Colombia.
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La Fiscalía General de la Nación de Colombia aclaró que instalar cámaras de seguridad en una vivienda o establecimiento es legal, sin embargo, existen unas responsabilidades con las obligaciones relacionadas con la protección de datos y la colaboración con las autoridades, que de no llevarse a cabo puede acarrear sanciones o complicaciones judiciales.
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En las últimas semanas, la discusión sobre la instalación y uso de cámaras de videovigilancia privadas ha tomado fuerza en Colombia. Mientras muchos ciudadanos las colocan como una medida para proteger su patrimonio frente a la percepción creciente de inseguridad, las autoridades judiciales han recordado que este tipo de dispositivos también conllevan responsabilidades legales que no deben pasarse por alto.
¿En qué situaciones puede ser legal tener cámaras de seguridad privadas sin sanciones?
La Fiscalía ha sido clara en que instalar cámaras para reforzar la vigilancia privada no constituye una infracción por sí misma.
Este tipo de sistemas son útiles para monitorear posibles delitos o incidentes en tiempo real y pueden aportar evidencia valiosa en investigaciones. Las grabaciones se rigen por normas como el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Protección de Datos Personales, que buscan equilibrar la seguridad con los derechos de las personas que puedan aparecer en los videos.
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¿Cuándo puede haber sanciones por las grabaciones realizadas con cámaras de seguridad privadas?
El riesgo de sanción surge principalmente si el propietario de las cámaras no colabora con las autoridades competentes. Por ejemplo, durante una investigación judicial o en actos urgentes para esclarecer un delito, organismos como la Fiscalía, la Policía o el CTI pueden solicitar las grabaciones.
Negarse injustificadamente a entregar este material, cuando es requerido formalmente, puede ser considerado obstrucción a la justicia y exponer al ciudadano a consecuencias legales, como lo indica el Código de Procedimiento Penal y la Ley 1581 de 2012: "Los ciudadanos pueden ser requeridos por las autoridades judiciales o policiales para entregar grabaciones como prueba."
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¿Qué otras sanciones con cámaras privadas pueden generar problemas legales?
Además de negarse a cooperar con las autoridades, otras prácticas pueden traer complicaciones. Alterar, borrar o difundir libremente las grabaciones en redes sociales sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellas puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad o el buen nombre, lo que también podría dar lugar a sanciones administrativas o acciones legales adicionales.













